jueves, 19 de octubre de 2017

Rehenes políticos del estado: ANC-Ómnium.

Los presidentes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

“Que diga lo que quiera el Estado, pero acaba de hacer dos nuevos prisioneros políticos, castigados por opinar, por conciencia… este es el diálogo de la monarquía parlamentaria española… ¡Apaga y vámonos!”. Es uno de tantos comentarios publicados últimamente sobre la prisión sin fianza para los presidentes de la ANC y Ómnium. Es de la web LQSomos y hace alusión a la  Fiscalía de la Audiencia Nacional al pedir prisión incondicional para los presidentes, Jordi Sánchez, y Jordi Cuixart, investigados por sedición en relación con su actuación en el asedio a la Guardia Civil los días 20 y 21 de septiembre.

Según la Guardia Civil, Sánchez y Cuixart fueron responsables de “alentar a la masa” llamando a la protesta durante los registros los días 20 y 21 de septiembre tanto frente a la Consejería de Economía –de donde los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil no pudieron salir en casi 24 hora – y luego ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Días después, en el auto en que confirmaba su competencia para investigar el delito de sedición, la magistrada también argumentó la presunta responsabilidad de los investigados, exponiendo el “papel esencial” que tuvieron Sánchez y Cuixart en el plan de la Generalitat para la independencia. En su opinión, “la nueva información obtenida” gracias a los atestados de la Guardia Civil permite concluir que los hechos ocurridos los citados días “no suponen un hecho aislado como quieren hacer parecer” los investigados, sino que “se enmarcan dentro de una estrategia compleja con la que desde hace tiempo vienen colaborando”.

“Una vez abierta la puerta de las detenciones y encarcelamientos políticos, solo cabe esperar la aplicación del ‘artículo 155’ tan cacareada y defendida por las voces de los partidos del Régimen PPSOE y C’s, y en el silencio (o pataleta) de las izquierdas (¿?)

“¡Santiago y cierra España!”

miércoles, 18 de octubre de 2017

Galicia no arde; la están quemando.


Greenpeace ha hecho un balance de lo que ha supuesto este año en materia de incendios con el objetivo de mostrar una radiografía de uno de los problemas ambientales más importantes del país. Analizando los datos, se confirma que se rompe la tendencia de mejora de los últimos años, ya que 2017 está siendo el tercer peor año del último decenio, con casi 101.000 hectáreas quemadas, 11.600 incendios de los cuales 22 han tenido dimensiones superiores a 500 hectáreas. Ardió Galicia y Asturias en más de 100 incendios provocados. Habría que analizar cuantos se han sufrido desde que modificaron la Ley de Montes (con el PP parando hace unos días un recurso sobre prohibición de construir en terreno quemado). A lo que hay que sumar los 436 brigadistas despedidos por Feijóo en septiembre y los continuos recortes en prevención.

La Ley de Montes garantizaba, fundamentalmente, a partir de la modificación realizada en 2006, que no se pudiera edificar sobre suelo quemado y, sin embargo, la modificación que, en 2015, realizó el PP con mayoría en las dos cámaras parlamentarias, incluyó en el texto vigente varios supuestos que permitían a los ayuntamientos cambiar el uso urbanístico de aquellos terrenos que habían sido devastados por un incendio. Este cambio, ha coincidido con el aumento de incendios provocados para conseguir construir en terrenos forestados incendiados. Sobre todo, en Galicia, que ha sufrido en los últimos diez años cerca de 34.000 incendios. Según las estadísticas de la Xunta, cada año se queman en la comunidad unas 16.000 hectáreas de bosques y montes, lo que equivale a casi dos veces la superficie del municipio de Barcelona.

Margalida Quetglas, senadora por Mallorca y encargada de defender la Proposición de Ley de Unidos Podemos, planteó en la sesión plenaria la necesidad de “poner sobre la mesa la importancia y la necesidad de recuperar una redacción exenta de excepcionalidades a la prohibición para cambiar el uso de los suelos forestales afectados por un incendio”. Quetglas instó al resto de fuerzas políticas a votar a favor de la tramitación de un texto legal sobre el que “desarrollar un enriquecedor debate parlamentario en torno a la prevención de los incendios forestales y la conservación y regeneración de los montes afectados”. De espaldas a ella y, gracias a la modificación de la Ley de Montes que evitaba que se pudiera construir en terrenos forestales incendiados, este es el tercer peor año en incendios de la década. Curiosamente, la mayoría de los pirómanos que los provocaron siguen sin ser descubiertos. Y se sigue especulado con la posibilidad de que muchos fuegos, demasiados, hayan sido provocados. 

martes, 17 de octubre de 2017

Mayores de todo el país se congregaron en Madrid.

Las marchas por las pensiones dignas tras su llegada a la Puerta del Sol.

El pasado 30 de septiembre, varios grupos de caminantes salieron desde distintos puntos de España para marchar sobre Madrid y reivindicar “pensiones dignas”. Los participantes pedían que se revirtiese la modificación que hizo el PP, en 2013, que desligó la subida de las pensiones al IPC, empobreciendo a los receptores. Según los datos de los sindicatos, en España la cuantía pensión media asciende a 918 euros, aunque la más frecuente es de tan sólo 650 euros.

La manifestación de los jubilados del lunes 9 de octubre,  tiñó de rojo el recorrido de Atocha a So.l La edad media de los manifestantes era de 50 años y algunos de ellos llevaban bastón. Estaba convocada por UGT y CCOO, y, durante diez días, recorrieron España para terminar con una gran manifestación en la capital. Entre 80.000 y 90.000 pensionistas fueron participando en las cuatro rutas de esta marcha, a los que se sumaron muchas personas más, hasta los 150.000. La primera ruta partió de dos cabeceras, Santiago de Compostela y Gijón, que se unieron posteriormente en Benavente (Zamora), pasando después por Valladolid y Segovia. La segunda, comenzó en Santander y transcurrió por Bilbao, Vitoria, Logroño, Pamplona, Huesca, Zaragoza y Guadalajara. La tercera, empezó en Castellón y pasó por Valencia, Alicante, Molina de Segura (Murcia), Albacete, Ciudad Real y Toledo. Y la cuarta ruta tuvo su inicio en Málaga para pasar después por Granada, Córdoba, Sevilla, Mérida (Badajoz), Cáceres, Navalmoral de la Mata (Cáceres), Talavera de la Reina (Toledo) y Toledo.

El objetivo de estas marchas era reclamar al Gobierno cambios que permitieran garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones, mejorando la estructura de sus ingresos y derogando la reforma de 2013. Para la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, desde la reforma de pensiones, de 2013, los pensionistas actuales y futuros “están condenados a la pérdida continua de poder adquisitivo”, debido al índice de revalorización de las pensiones y al factor de sostenibilidad. La tasa de sustitución (relación entre la cuantía de la pensión y el último salario recibido) pasará del 79% actual al 48,6%, en 2060. Por ello, reclamaron la derogación de la reforma, de forma que las pensiones volviesen a revalorizarse conforme al IPC. Barrera recuerda que la mitad de los pensionistas españoles cobra 700 euros, lo que les sitúa por debajo del umbral de la pobreza, y que en su mayoría son la única fuente de ingresos familiar.

El resultado de la citada reforma es que durante los últimos años, las pensiones han aumentado un 0,25%, mientras los precios han subido un 1,8%, según los últimos datos. Es decir, se ha perdido poder adquisitivo. Si a eso se les suma el repago sanitario o la subida del recibo de la luz, se hace más difícil llegar a fin de mes con una pensión media de 918 euros, aunque los sindicatos advierten de que la más frecuente es de 650 euros. “En la práctica las han congelado. Subirlas 5 o 6 euros es una vergüenza. Los sueldos son una miseria. Ya está bien de que haya tanta podredumbre y tanto robo y que luego digan que no hay dinero para las pensiones”, se lamenta Mari Carmen, que durante toda su vida ha trabajado de oficinista y, ahora, a sus 71 años ve cómo el Gobierno ningunea los frutos de su esfuerzo.

Además de las mencionadas reivindicaciones, también han hecho referencia a la brecha de género que hay en las prestaciones e hicieron suyas algunas reivindicaciones de las viudas, que también acudieron a la convocatoria. De hecho, UGT ha pedido al Gobierno que aumente este tipo de pensiones.  Según estos cálculos, la pensión media de viudedad en 2015 fue de 630 euros al mes en catorce pagas, mientras la de orfandad es de 370,5 euros mensuales. Los sindicatos también hablaron de su fórmula para insuflar vida al tocado sistema de pensiones: un sistema retributivo más justo, aumentar el gasto destinado del PIB, que ahora está en un 10,4%, al estilo de algunos vecinos europeos como Francia o Italia en los que ronda el 15% , o eliminar las subvenciones con cargo a la Seguridad Social.