martes, 16 de enero de 2018

David Le Breton, sociólogo: “Guardar silencio y caminar son dos formas de resistencia política de hoy”.


Doctor en Sociología de la Universidad París VII y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias Humanas Marc Bloch de Estrasburgo, el pensador francés, David Le Breton (Le Mans, 1953), autor de El silencio, Elogio del caminar y Desaparecer, es entrevistado por Pablo Bujalance, en el Diario de Sevilla. “Buena parte de nuestra relación con el ruido –comenta Le Breton– procede del desarrollo tecnológico, especialmente en su carácter más portátil: siempre llevamos encima dispositivos que nos recuerdan que estamos conectados, que nos avisan cuando hemos recibido un mensaje, que organizan nuestros horarios a base de ruido. Esta circunstancia ha venido a incorporarse a las que ya habían cobrado forma en el siglo XX como hábitos contrarios al silencio, especialmente en las grandes ciudades, gobernadas por el tráfico y numerosas variedades de contaminación acústica. En este contexto, el silencio implica una forma de resistencia, una manera de mantener a salvo una dimensión interior frente a las agresiones externas. Y nos permite ser conscientes de la conexión que mantenemos con ese espacio interior, la visibiliza, mientras que el ruido la oculta. Otra manera que tenemos de conectar con nuestro interior es el caminar, que transcurre en el mismo silencio. Quizá el mayor problema es que la comunicación ha eliminado los mecanismos propios de la conversación y se ha hecho altamente utilitarista a base de dispositivos portátiles. Y la presión psicológica que soportamos para hacer acopio de ellos es enorme”.

El silencio es para Le Breton  la expresión más veraz y efectiva de las cosas innombrables. Y la toma de conciencia de que hay determinadas experiencias para las que el lenguaje no sirve, o no alcanza, es un rasgo decisivo del conocimiento. “Podemos utilizar el silencio para conocernos mejor a nosotros mismos, para aislarnos del ruido. Y éste es un valor a reivindicar en el presente”. Su mayor y definitiva experiencia fue, en este sentido, el Camino de Santiago: cuando al fin llegó a Compostela, comprendió que se había transformado completamente después de numerosos días en marcha y en absoluto silencio. Fue para él un renacimiento. “Caminar fue otra forma de tomar conciencia de sí, de reparar en el propio cuerpo, en la respiración, en el silencio interior”. Le Breton  señala que a quien camina sin rumbo se le tacha de loco. Pero el caminar, como el silencio, es una forma de resistencia política. “La marcha te permite advertir lo hermosa que es la Catedral, lo juguetón que es el gato que se esconde ahí, los colores de la puesta de sol, sin más fin, porque ése es todo su fin: la contemplación del mundo. Frente a un utilitarismo que concibe el mundo como un medio para la producción, el caminante asimila el mundo contenido en las ciudades como un fin en sí mismo. Y esto, claro, es contrario a la lógica imperante. De ahí la vinculación con la locura”.

Le Breton sostiene que todas las grandes ciudades, ya sean París o Tokio, se han convertido ya en superficies comerciales. Y es muy importante que las ciudades encuentren un equilibrio entre los recursos que garantizan su prosperidad y la calidad de vida de quienes residen en ellas. “De otra manera, las ciudades se convierten en entidades deshumanizadoras. El hecho de caminar en sus calles sin interés alguno en comprar ni en gastar dinero, sólo en vagar sin rumbo de aquí para allá, porque sí, también es una forma de hacerlas más humanas, de rebelarse contra las órdenes que convierten todas y cada una de las interacciones humanas en un proceso económico. En el libro ‘El silencio’ me ocupaba de este asunto. Porque, al final, la industria cultural viene a ser una forma del poder político. Una actividad cultural debería ir encaminada a que cada uno se encontrara consigo mismo, se reconociera en su interior, entablara un diálogo íntimo sin salir de sí, ayudándose de los instrumentos que la cultura debiera poner a su alcance. Pero, en lugar de eso, tenemos una cultura que es cada vez más de masas y menos de personas, en la que es imposible reconocerse. También es importante oponer resistencia a las formas invasivas de la cultura mediante el silencio”.

domingo, 14 de enero de 2018

¿Qué es el proyecto Castor?


¿Qué es el proyecto Castor?, se pregunta la web lucha@afectadoscastor.com. Se trata de un depósito estratégico artificial de gas natural situado frente a las costas de Castellón y Tarragona, ubicado en aguas territoriales españolas del Mar Mediterráneo. Tiene capacidad para almacenar hasta 1.900 millones de metros cúbicos de gas natural, suficiente para suministrar el equivalente a 50 días de consumo en España. Y  es el quinto depósito más grande de los existentes o planificados en España –en todo el mundo, hay 627 almacenamientos subterráneos de gas de los que 81 son acuíferos salados profundos– creado para suplir la demanda energética española de gas natural en caso de escasez o cese de las importaciones. Pero ¿cómo pensaba funcionar? “El depósito del proyecto Castor –nos recodaba lucha@afectadoscastor.coma– provecha la existencia del antiguo yacimiento petrolífero de Amposta para inyectar en el gas proveniente de la red estatal de gaseoductos, que se desvía de la red desde una estación situada en localidad de Vinarós hasta la plataforma marina por medio de un gaseoducto, donde se inyecta a gran profundidad y presión. El gas queda atrapado en el depósito gracias a la existencia de rocas impermeables en estratos superiores que lo sellan. Para recuperar el guardado en el depósito se inyecta agua, igualmente a gran presión, lo que expulsa el gas a la superficie, devolviéndose a la red tras haber sido tratado. El proyecto tenía como objetivo permitir al sistema gasista español hacer frente a puntas de consumo o a interrupciones en el suministro, entre otras eventualidades. Pero, desde el comienzo de las actividades de inyección de gas en el antiguo yacimiento, se produjeron movimientos sísmicos de diversa intensidad. La simultaneidad fue uno de los elementos, pero no el único, que indujo a concluir que existía más allá de toda duda razonable una relación de causalidad entre la inyección de gas y los movimientos sísmicos. Así lo acreditaron numerosos estudios científicos específicos, como antecedentes similares en otras plataformas subterráneas de almacenamiento de gas en otros países. Incluso el Ministro de Industria llegó a declarar que ‘hay una alta probabilidad de que exista un vínculo directo’. Muchos de los seísmos fueron muy perceptibles, generando gran alarma social, miedo y angustia en los habitantes de las zonas afectadas por los mismos. La población potencialmente afectada ascendía a más de 80.000 personas, tanto en el sur de la provincia de Tarragona como el norte de la provincia de Castellón”.

      Instalaciones del proyecto Castor, a 21 kilómetros de la costa de Vinaroz (Castellón)

Aprobado en 2008, el Castor fue un  proyecto “innecesario y faraónico” que los más suspicaces calificaron de regalo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al empresario Florentino Pérez. Muchas fueron las incógnitas, sospechas e indignaciones que levantó este proyecto, hoy paralizado por la alarma social que originaron los 500 terremotos de 2012 y 2013. Estas son las claves de un fracaso técnico y político cuyas consecuencias, si la Justicia no lo remedia, pagaremos todos los españoles durante los próximos 30 años en nuestra factura del gas. Hoy, el Castor es una instalación paralizada que pretendía ser el mayor depósito de gas natural de España, situado frente a Vinaroz (Castellón) y el delta del Ebro. Su objetivo estratégico era garantizar el suministro de gas natural en todo el país en caso de escasez, puntas de consumo o cese de las importaciones. Fue aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y puesto en marcha en 2012, pero no pudo seguir adelante por los movimientos sísmicos que provocó en las costas de Castellón y Tarragona. Tras el mismo está la concesionaria Escal UGS, participada en un 66,7% por el grupo ACS, del empresario Florentino Pérez, y en un 30% por la canadiense CLP. Según las cuentas de la compañía gestora, el proyecto ya costaba 1.193,5 millones de euros en 31 de diciembre de 2011, un 89,54% por encima del coste inicial previsto. Según el Ministerio de Energía, los costes se dispararon, en el 2013, hasta los 1.700 millones. Tenía capacidad para almacenar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema español durante 50 días, es decir, 1.900 millones de metros cúbicos. Para ello, se necesitaban seis meses de funcionamiento. El proceso consistía en tomar gas natural de la red básica de gasoductos —las tuberías por las que se transporta el gas—, comprimirlo más e inyectarlo en el almacenamiento a más de 1.000 metros de profundidad a través de pozos. Pero la plataforma dejó de funcionar en la fase previa de la explotación por los terremotos que estaba provocando en la zona. Un año después, en 2014, un informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) sobre la actividad sísmica en el entorno del proyecto Castor concluyó que existía una “relación directa” entre los más de 500 seísmos que se produjeron en septiembre de 2013 en el litoral norte de Castellón y la inyección de gas. El estudio, además, reveló la existencia de una falla no cartografiada en la zona (falla bautizada como Castor), y aseguró que no se tuvo en cuenta el informe de “impacto de sismicidad inducida” para determinar la peligrosidad del proyecto. 

Imagen de una de las manifestaciones de vecinos afectados por los seísmos en la costa de Castellón.

Desde septiembre de 2013, tras la aparición de terremotos en la costa, se  congeló el proyecto. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró que, de momento, no desmantelarían la plataforma porque la situación era “estable” y que habría que realizar un estudio para decidir su futuro. “Es como si inflamos un globo que ha tocado unos cimientos –explicó el ministro–. Si luego se desinfla que es lo que ocurrió con el desmantelamiento también podría mover los cimientos, así que habría que hacerlo con prudencia y seguridad”. El almacén, según adelantó el ministro, no reabrirá. La puntilla al proyecto la dio el Massachusetts Institute of Technology (MIT) que, en su recién concluido informe sostuvo, como ya señalaron sendos estudios del Instituto Geológico y Minero de España y del Instituto Geográfico Nacional, que la inyección de gas en la plataforma originó los terremotos de 2013 y recomendó su cierre. En el 2013, fuentes del propio departamento, a la sazón en manos del ministro José Manuel Soria, admitieron en privado que se trataba de un proyecto “innecesario y faraónico” que nunca debió contemplarse en la planificación energética. Sin embargo, el MIT echó un cable a Florentino Pérez y al propio Ministerio de Energía al concluir que era imposible prever el desastre. Una valoración que cayó como una losa sobre la aspiración de distintas plataformas ciudadanas que exigían a ACS la devolución de los 1.350 millones recibidos como indemnización tras el desastre. O sobre los “Afectados por la Plataforma Castor (Aplaca)”, que batallaron contra los responsables del proyecto por los perjuicios ocasionados a los ciudadanos. La concesión otorgada por el Gobierno de Zapatero, con Miguel Sebastián como ministro de Industria, incluía una controvertida cláusula que garantizaba la devolución de la inversión en caso de reversión de la misma. El Gobierno ya abonó 1.350 millones de euros a ACS, en 2014, que se suman a otros 110 millones pagados anteriormente. A eso hay que añadir otros 295,6 millones en concepto de 'derechos retributivos' por los dos años y tres meses en los que el almacén estuvo operando. Total: 1.755 millones. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) fue taxativa: la factura del desastre se socializará entre todos los españoles, hasta alcanzar los 4.731 millones de euros. Cifra a la que se lleg añadiendo un 4,27% anual de intereses del pago de la indemnización por los 30 años de concesión a la concesionaria Escal UGS, participada por ACS en un 66,7%. A razón de 80 millones anuales, el pago a la concesionaria ascenderá a 2.400 millones extra en el año 2044. Lo que implicará invariablemente un sobrecoste en la factura del gas para todos los usuarios españoles, “ya de por sí de los que más pagan de Europa”, subraya la OCU. El Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaroz tiene, a su vez, una investigación abierta sobre una veintena de directivos de la concesionaria Escal UGS y técnicos de la Administración para determinar si existió delito en la concesión de autorizaciones y licencias al proyecto gasístico.

      La plataforma del almacén de gas Castor, frente al Delta del Ebro.

En abril de 2012, se produjo un terremoto de 3,1, escala Richter, en las inmediaciones de la plataforma de inyección. Fue calificado como “normal” por el Observatorio del Ebro. Desde mediados de septiembre de 2013, varios cientos de terremotos, la mayoría de ellos de escasa magnitud e imperceptibles, se registraron en la zona donde el Castor inyectaba gas. Sin embargo, algunos de ellos alcanzaron magnitudes perceptibles. El 1 de octubre se produjo un seísmo de 4,2 en la escala de magnitud del momento, causando alarma en las poblaciones próximas al depósito (Alcanar, Benicarló, Las Casas de Alcanar, Cervera del Maestre, Cálig, Peñíscola, San Carlos de la Rápita, Ulldecona y Vinaroz). Los trabajos de inyección de gas fueron paralizados el 16 de septiembre, tras los primeros temblores y la empresa Escal UGS reconoció que los terremotos podían estar vinculados al proyecto Castor.​ El 4 de octubre, la Guardia Civil investigó in situ el cese de la actividad de la planta a instancias de la Fiscalía de Castellón. El Instituto Geográfico Nacional concluyó que había relación directa entre los seísmos en el Mediterráneo y el proyecto gasístico Castor. En 2017, el MIT envió un informe al gobierno español, confirmando la relación entre la inyección de gas y los seísmos y recomendando el cierre de la plataforma. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, argumentó que existía un riesgo tanto si se intentaba inyectar gas como si se intentaba extraer el gas que ya había, por lo que recomendó “mantener las cosas como están”. En febrero de 2010, la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia denunció ante la Comisión Europea la vulneración de la legislación comunitaria que, en su opinión, estaba cometiendo la empresa ejecutora del proyecto para evadir los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.​ En abril de 2012, el mismo colectivo ciudadano pidió la paralización del proyecto Castor debido al crecimiento de los costes de ejecución del proyecto y al aumento en los precios del gas natural y el descenso en la demanda. Tras la cuantiosa indemnización de 1.350 millones de euros que recibió Escal UGS (cuyo primer accionista era ACS), hubo polémica por la prontitud del pago en un contexto de contención presupuestaria muy fuerte del déficit. En enero de 2015, un juez imputó a 18 responsables de la tramitación del proyecto por posibles deficiencias aunque los responsables políticos (el Presidente Zapatero y su Ministro de Industria Miguel Sebastián) no lo fueron. 

        Florentino Pérez, presidente, director ejecutivo  y consejero delegado de Castor.

Pero ¿quién dirige el ACS? ACS S.A. es una constructora española creada, tras la fusión de OCISA, fundada en 1942, que agrupó a todas las empresas de los Bancos Hispano Americano y Urquijo, y Construcciones Padrós. El Grupo es una referencia mundial en la industria de la construcción y del desarrollo de infraestructuras tanto civiles como industriales. Desde 2013, lidera el ranking ENR de International Contractors. Es el presidente, director ejecutivo  y consejero delegado, Florentino Pérez. Grupo ACS, S.A. es una constructora española creada tras la fusión de OCISA, fundada en 1942, que agrupó a todas las empresas de los Bancos Hispano Americano y Urquijo, y Construcciones Padrós, fundada en 1968, que dio lugar a OCP Construcciones, en 1992, y posteriormente fusionadas, en 1997, con Ginés Navarro Construcciones, fundada en 1930, y Vías, fundada en 1928, ambas controladas por la familia March. El salto cuantitativo lo dieron en 2002, al comprar una participación de control en Dragados. En el año 2007, el Grupo ACS adquirió una participación significativa en Hochtief, uno de los líderes mundiales en el desarrollo de infraestructuras, con una fuerte presencia en Estados Unidos, Europa Central, Australia y el Sudeste Asiático. Esta operación proporcionó al Grupo ACS una plataforma para acelerar su expansión internacional. En la actualidad, ACS es una empresa diversificada que está presente en distintos sectores económicos a través de numerosas empresas participadas, como Hochtief, CIMIC Group, Turner y Servicios Industriales Cobra. Su presidente e impulsor es Florentino Pérez, que, con un grupo de ingenieros, compraron primero Construcciones Padrós y luego OCISA. Florentino Pérez es muy conocido por ser también presidente del Real Madrid Club de Fútbol. Los principales accionistas de ACS son la Familia March, los “Albertos” (Alberto Alcocer y Alberto Cortina), Miquel Fluxà Rosselló y el propio Florentino Pérez, el máximo accionista.

El presidente de ACS, Florentino Pérez, en una junta de accionistas de la constructora.

Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) declara ilegal la indemnización de 1.350 millones que el Gobierno pagó por la “hibernación” del almacén de gas Castor, dejando en el aire un magro negocio: alrededor de mil millones en intereses que tres de los principales bancos españoles (Santander, CaixaBank y el todavía público Bankia) iban a obtener en las próximas tres décadas, procedentes del recibo de la luz, al recuperar el crédito financiado en el primero de esos pagos. La sentencia del Constitucional declara nulos los cinco artículos y apartados del decreto por los que, en 2014, el Gobierno cifró en 1.350,729 millones (a pagar en 35 días) la indemnización por el cese de actividad del almacén. Además, señaló a Enagás, como la privatizada operadora del mercado gasista español, y estableció unos “derechos de cobro” que, en la práctica, se traducen en la recaudación de ese dinero durante tres décadas por la vía del recibo de la luz y con un gravamen anual del 4,267%. La aplicación de ese bono, como revela la partida de este año (la tercera que soportan los consumidores), permite comprobar cualquier calculadora de créditos. Añade más de mil millones a la cantidad inicialmente pagada por el cierre a Escal UGS, la alianza empresarial liderada por ACS (el grupo que preside Florentino Pérez) que construyó y comenzó a explotar el almacén hasta su paso a “hibernación”, tras provocar, en 2013 y 2014, cientos de seísmos que se dejaron sentir en Catalunya, la Comunitat Valenciana y Aragón. La sentencia, que declara nula tanto la indemnización como el sistema ingeniado por el equipo del exministro de Industria, Cristóbal Soria, provocó temblores en el sector bancario, ya que esos 'derechos de cobro' se encuentran en manos de los bancos que financiaron la operación, y que fueron principalmente Santander, CaixaBank y Bankia, con unas cuotas respectivas de casi 700 millones, 473 y cerca de 200 sobre los 1.350 iniciales, según informa El Mundo. 

      Las claves de un fiasco multimillonario’.
Actualmente, el Castor está en estado de hibernación. El Gobierno ya ha confirmado que no lo reabrirá pero no ha adelantado si lo desmantelará, como piden y exigen los alcaldes de la zona. El proyecto ya figuraba en la planificación energética que el Gobierno de José María Aznar elaboró en 2002, pero no era prioritario “dada la inmadurez” de los estudios previos. Recibió un espaldarazo definitivo en marzo de 2006. Con el socialista José Montilla al frente del Ministerio de Industria, la Planificación energética 2005-2011 identificó como “urgentes” cinco proyectos de almacenamientos subterráneos al considerarlos clave para garantizar la seguridad del sistema energético. Entre ellos estaba el Castor, proyecto considerado entonces como “necesario y prioritario para el sistema gasista español”. Fue presentado como la solución para atender posibles problemas de cobertura de la demanda de gas y, con ello, se prevenían fuertes subidas de precio de la materia prima (y, con ello, de la luz), en respuesta a las recomendaciones de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y de Enagás. “Entonces –escribe Antonio M. Vélez en ‘Las claves de un fiasco multimillonario’, artículo publicado en Eldiario.es el 13 de mayo del 2017–, la demanda estaba disparada por la elevada utilización de las centrales de ciclo combinado (que queman gas para producir electricidad) y España sólo tenía dos almacenamientos subterráneos, Gaviota (frente a las costas de Bilbao) y Serrablo (Huesca), que siguen funcionando. Castor debía ser capaz de guardar un tercio de la demanda durante 50 días. Con la crisis posterior y el desplome de la demanda eléctrica, las infraestructuras gasistas funcionaban al 50% de su capacidad. La tramitación del proyecto se inició en agosto de 2005. El Consejo de Ministros se lo adjudicó a Escal UGS el 16 de mayo de 2008, en el polémico decreto que incluía la compensación y que llevaba la firma de Miguel Sebastián, entonces recién aterrizado en Industria. Sebastián culpó a su antecesor en el cargo, Joan Clos, de la cláusula de la discordia. El proyecto recibió Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, en octubre de 2009, aunque el gasoducto anexo fue eximido de presentar ese estudio, una decisión que anuló el Tribunal Supremo en septiembre de 2015. El almacén recibió el acta provisional de puesta en servicio a mediados de 2012, tras cerca de dos años y medio de obras”.

 El Gobierno del PP debe decidir si desmantela la instalación  del Castor.

Según  Antonio M. Vélez, la constructora no estuvo en el proyecto desde sus inicios. Este fue impulsado por la canadiense Dundee Energy, que entonces se llamaba Eurogás. ACS se incorporó, en 2006, cuando el proyecto empezó a tomar impulso. “Fue presentado como un salvavidas para permitir a Dragados Offshore, filial de ACS, reincorporar a 300 obreros de su factoría de Puerto Real, afectados por la ruptura del contrato con una firma noruega para construir el mayor barco de perforación petrolífera del mundo. El coste final del Castor se disparó y fue casi el triple de lo presupuestado. La inversión inicialmente cifrada en 500 millones, fue creciendo año a año. En 2007, pasó a 800 millones; luego, a más de 900 millones y, finalmente, a unos 1.350 millones, la indemnización que finalmente cobraron ACS y su socio por decisión del Gobierno de Mariano Rajoy, tras intentar que el Supremo anulase en vano aquella polémica cláusula. La indemnización, en puridad, no fue para Escal, sino para Santander, Caixabank y Bankia, los bancos que, en noviembre de 2014, prestaron a toda prisa 1.350 millones  a la filial de la empresa de Florentino Pérez para evitar el impago de unos bonos que Escal UGS había pedido prestados para financiar la obra. El mayor acreedor de esa emisión era el Banco Europeo de Inversiones, que aportó 300 millones y garantías por otros 200 millones. A esos 1.350 millones se sumaron 300 millones más reconocidos luego en concepto de ‘retribución financiera’ e ‘inversiones y costes de operaciones y mantenimiento’ desde julio de 2012, fecha del acta provisional de puesta en servicio, hasta octubre de 2014, cuando se cerró el Castor. El MIT  concluyó que las operaciones de inyección de gas durante el verano de 2013 provocaron los terremotos en una zona activa de la falla de Amposta que generaron su desestabilización, de modo que, si se volvía a introducir gas, podría volver a aumentar la actividad sísmica en la zona de manera ‘incluso mayor’. Ahora, el Gobierno debe decidir si desmantela la instalación. La operación no está exenta de riesgo y tendría un coste de 300 millones. Previsiblemente correría a cargo de los consumidores de gas.

Las fotomontajes de la semana:



Mordaza.

“El Gobierno –según publica Rokambol News– destinará otros 10.000 millones para reforzar la lucha contra los humoristas. Más de la mitad de todo ese dinero, alrededor de 5.750 millones de euros, se empleará en proveer de chalecos antisarcasmo a los ciudadanos con fuertes sentimientos religiosos o especialmente nostálgicos con el franquismo, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a sus doce ministros. ‘No habrá chalecos para todos, pero sí cascos’, ha dicho Rajoy ante las airadas quejas de los expertos que desconfían de la escasa protección que un casco de poliéster pueda proporcionar frente a una ironía lanzada a doscientos metros de distancia. ‘Es absurdo que intentemos protegernos con un casco cuando, en realidad, es en el corazón donde sentimos los impactos’, critican desde la Fundación Francisco Franco, la Conferencia Episcopal Española y la Plataforma por los Derechos Sexuales del Ganado Ovino. Por otro lado, la provocativa frase del ministro del Interior asegurando que ‘todos los ciudadanos son humoristas hasta que se demuestre lo contrario’ está provocando en los españoles una reacción poco favorable al ambiente festivo y jovial que se necesita en las calles y en los bares para consolidar la recuperación económica del país. ‘Ahora, para contar un chiste tienes que esconderte en el wáter o quedar en algún sitio raro, pero la mayoría nos mordemos la lengua y evitamos riesgos’, se lamenta el camarero de una céntrica cafetería de Madrid que se jactaba de saber más de cinco mil chistes de políticos, todos borrachos. El PP pide al PSOE y Ciudadanos un pacto de Estado para hacer frente al sarcasmo


¡¡¡Se queda!!! Zoido mantiene su confianza en el Director de la DGT: “Es una persona muy trabajadora”


Unmundolibre‏. El 'kit antinevadas' de la DGT incluirá un muñeco de Gregorio Serrano cantando “Precaución, amigo conductor”. 


Educción emocional

 Rafa Hernando propone a Iker Jiménez como presidente de Cataluña.

“Sí –apunta Zelec– al mismísimo presentador de Cuarto Milenio (Cuatro) y capitán de la nave del misterio. Por aquello de tener más cercanía con temas paranormales, entendemos, y tirando de gracejo español a la hora de colocar el comentario”.





El humor, en la prensa de esta semana: El Roto, Forges, Peridis, Manel F., Vergara, Pat, Ferrán…






















Pep Roig, dibujante mallorquín, nos recuerda: Cumpleaños de Última Hora, El progreso regresivo, Los otros, Con las vergüenzas al aire, To pa mí, to pa mí…






Los vídeos de esta semana:

VNews, plataforma marina Castor 2

Abril de 2012. Un terremoto de 3,1 en la escala de Richter azota las costas de Castellón y Tarragona.  Es el primero de cientos de seísmos que afectaron a miles de personas.
¿Qué provocó los seismos de Castellón y Tarragona? | APLACA Publicado el 10 mar. 2016 TESTIMONIOS DE AFECTADOS POR LOS TERREMOTOS | APLACA Publicado el 14 may. 2017 Jordi Évole: Por qué pagó el Gobierno 1.350 millones con esa rapidez en el Proyecto Castor? Publicado el 11 may. 2017 Polònia - Florentino i el ball del Castor Milestones es uno de los grupos más representativos del panorama jazzístico actual. Su música se basa en un homenaje al gran Miles Davis, una música que va más allá del estándar de jazz para crear un espacio sonoro diferente y místico. De la mano del trompetista Alí Reza, discípulo director de Davis, el grupo se fusiona para seguir sus movimientos, llevando su música a un clima de improvisación constante. Polònia - S'ha acabat

sábado, 13 de enero de 2018

Una treintena de herederos del franquismo mantienen los títulos nobiliarios otorgados por el dictador.


Francisco Franco saluda al ministro de Marina, Adolfo Baturone. Detrás, el ministro del Ejército, Juan Castañón de Mena.

Con la promulgación en 1947 de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, España vino a constituirse en Reino sin rey y, en consecuencia, el Jefe del Estado español, Francisco Franco, se arrogó el derecho de reconocer y conceder títulos nobiliarios. En la España democrática de hoy, sigue habiendo títulos nobiliarios dedicados a homenajear a quienes protagonizaron los peores crímenes de la guerra y la posterior dictadura. Son  distinciones que fueron otorgadas en su día, con carácter perpetuo y hereditario, gracias a una ley promulgada por el propio Franco en 1948, en la que anunciaba su intención de agradecer así las “acciones heroicas” desarrolladas durante “nuestra cruzada”. Un sobrino del fundador del partido fascista español ostenta el tratamiento de Duque de Primo de Rivera, un nieto del Carnicero de Sevilla posee el Marquesado de Queipo de Llano y un hijo del general que perpetró, entre otras, la masacre de Badajoz, mantiene el título de Marqués de San Leonardo de Yagüe. De los cuarenta Ducados, Condados y Marquesados otorgados graciosamente por Franco –algunos han decaído aunque podrían ser rehabilitados en cualquier momento–, unos treinta recayeron en algunos de sus compañeros de rebelión. La nobleza franquista tiene apellidos tan innobles como los de los generales golpistas Saliquet, Varela, Dávila o Vigón. 

“Muchos de estos títulos –escribe Carlos Hernández en Eldiario.es– quedaron vacantes por la muerte de sus titulares durante el actual periodo democrático. Sin embargo, desde el primer ejecutivo de Adolfo Suárez al último de Mariano Rajoy, pasando por los de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, todos los gobiernos autorizaron a los descendientes de los golpistas a heredar el ducado, marquesado o condado otorgado en su día por el 'Generalísimo'. Dos de los ministros de Justicia de Felipe González, Tomás de la Quadra-Salcedo y Enrique Múgica, no dudaron en estampar su firma para garantizar a los Primo de Rivera su ‘derecho’ a ostentar el Condado del Castillo de la Mota y para que un nieto del General Vigón pudiera mantener el Marquesado concedido a su abuelo en 1955 por su contribución ‘al triunfo de las Armas Nacionales (…) durante la Cruzada’. Más recientemente, el también socialista Mariano Fernández Bermejo bendijo la sucesión en dos marquesados, los de Mola y Somosierra, creados por el dictador en memoria del general Mola y de su mano derecha en la sublevación militar, el también general Francisco García Escámez.

Cuando el PP ganó las elecciones en 2011 y Alberto Ruiz Gallardón fue nombrado ministro de Justicia, las solicitudes volvieron a ponerse sobre la mesa para ser tramitadas con la mayor rapidez y diligencia. Hasta seis sucesiones de títulos nobiliarios franquistas fueron expedidos por Gallardón. Entre ellos, algunos tan simbólicos como los marquesados de Queipo de Llano, Varela o Dávila, siempre en contra de  Izquierda Unida y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que llevan años alzando la voz contra la pervivencia de estas altas distinciones, contrarias al más mínimo espíritu democrático. Emilio Silva, presidente de la ARMH, cree que “el hecho de que todos los gobiernos de la democracia hayan aceptado renovar estos títulos concedidos a golpistas, criminales de guerra y violadores de los derechos humanos, es un síntoma de cómo la transición a la democracia fue una puerta giratoria por la que la élite franquista siguió siendo élite de la democracia”.