Mineros, policías, funcionarios y parados vuelven a las calles.
Funcionarios públicos de Nuevos Ministerios, expresan en las calles madrileñas lo que piensan de los recortes del Gobierno.
Otro ajuste de 65.000 millones de euros, por parte del Gobierno del PP, que incluye, además de la reducción de la prestación por desempleo y la limitación de las ayudas a la dependencia, la bajada de sueldos a los funcionarios y una subida del IVA, entre otras medidas, ha provocado las protestas de miles y miles de funcionarios, parados, policías y mineros que no han dejado de salir a la calle durante toda esta semana. Los reproches y condenas de los mismos contra los recortes del Gobierno no han dejado de producirse en estos últimos días. En Madrid, cortaron repetidas veces el tráfico. “Salgo a defender mis derechos como trabajadora –declaraba una empleada de Sanidad–. Estoy afónica de tanto gritar y voy a seguir saliendo a la calle, como deberíamos hacer todos”. Ella y otros compañeros advirtieron que no pararían hasta que el Ejecutivo dejara de “ahogar” al sector público. Los funcionarios han mostrado pancartas con lemas como “Quieren arruinar el país” y camisetas con leyendas como “Yo, una vez, tuve derechos”. A ellos se han unido, aunque por diferentes motivos, la presión de los mercados que someten a España a un fortísimo castigo y el disparo de la prima de riesgo a más de 600 puntos. Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, convocaron a una concentración de cientos de empleados públicos “contra los recortes y contra la reforma laboral”. Según el portavoz de CSIF, Francisco Camarillo, el Gobierno tenía preparado este último recorte desde hace mucho tiempo “porque el decreto-ley es muy minucioso y muy elaborado”. Cristóbal Montoso contabilizó entre 10.000 y 15.000 el número de funcionarios de las Administraciones Públicas que ganan menos de 962 euros al mes, prometiendo que recibirán la extraordinaria de Navidad. Dato que ha sido corregido por Camarillo, según el cual sólo serían medio millar.
Bomberos frente a policías.
Acostumbrados a representar a la Administración frente a los administrados, los funcionarios pueden cambiar de posición y mostrar su enojo en público por los ataques que sufren sus sueldos por parte del Gobierno. Muchos de ellos cortaron el tráfico en no pocas ciudades españolas por el “hachazo inmundo” de Rajoy, bloqueando la circulación. César Lambea, de la Confederación Española de Policía (CEP), insiste en que continuarán con las movilizaciones “hasta que revoquemos esto y evitemos que siempre paguen los pobres”, ya que, además de la paga extra de Navidad, también les quitaron días de asuntos propios, concedidos en compensación “por no cobrar un sueldo digno”. Por esta misma razón, el caos circulatorio se ha impuesto en Madrid y provincias por las protestas de los funcionarios. Centenares de ellos, sobre todo policías y bomberos, salieron a la calle, participando en una “marcha fúnebre” vestidos de negro y a paso lento, mientras protestaban por el mayor tijeretazo de la democracia, aprobado por el Gobierno. “Los funcionarios estamos de acuerdo con los recortes -explican ellos–. Pero que empiecen con los políticos, sobre todo con los que cobran tres y cuatro sueldos. Eso sí es vergonzoso”. E intentan explicar a los antidisturbios por qué se oponen. “Compañero –les gritaron–, date la vuelta. Tus hijos tampoco tendrá Navidad”.
En la Carrera de San Jerónimo, la delegada del Gobierno blindó el Congreso en donde se iban a celebrar plenos sobre los recortes. La Policía rodeó, con un cordón de vallas y mallas metálicas, un amplio perímetro de la Cámara Baja, “excesivo”, según el PSOE y la Izquierda Plural. Las manifestaciones espontáneas contra los recortes se desarrollaron de una forma espontánea, sin que nadie pudiera superar las proximidades del Palacio de las Cortes. El cerco de vallas metálicas entrelazadas, sujetas en la parte exterior por otras de gran altura, desde la calle de Cedaceros y la Plaza de Neptuno, fuertemente vigiladas por la Policía, impedía el paso tanto a vehículos no oficiales o sin autorización como a viandantes y turistas que pasean por la zona. Jesús Posada, presidente de la Cámara, expresó su conformidad con el dispositivo de seguridad, aludiendo que “en esta materia, es mejor prevenir que curar”. La delegada del Gobierno, responsable del operativo, pretendía impedir la imagen de un Congreso asaltado por manifestantes o rodeado los “indignados” de la Puerta del Sol. Cristina Cifuentes quiso evitar que se produjeran cargas policiales para proteger la Cámara baja. Pero los partidos de la Izquierda Plural (IU, ICV y Cha), BNG y ERC, quienes ni siquiera participaron en la votación, ausentándose de ella para no ser “cómplices” del recorte, no justifican estas medidas. Cayo Lara, portavoz de IU, exige la retirada de las vallas alrededor del Congreso porque “el pueblo al que decimos representar, no es el enemigo. Los enemigos son los especuladores, los que nos roban la soberanía, los derechos, y nos quieren robar la dignidad”. Rajoy, por su parte, se lamenta por las quejas contra su política y arremete contra el socialista Rubalcaba: “Usted critica que yo intente bajar los gastos y que intente subir los ingresos. Pero, si no puedo bajar los gastos ni subir los ingresos ¿me puede explicar usted cómo se reduce el déficit público? Porque yo confieso que lo desconozco en este momento”. Rubalcaba estaba dispuesto a volver a contárselo, pero el tiempo reglamentado se lo impidió.
Decenas de miles de manifestantes tomaron las calles de Madrid para demostrar su rechazo a los ajustes del Gobierno.
Más de veinte organizaciones sociales, sindicales y colectivas, como el 15-M, respaldaron el jueves una masiva protesta ciudadana contra el mayor ajuste de la democracia. Los manifestantes recorrieron las calles de más de ochenta ciudades y pueblos de todo el país. Los principales sindicatos de clase encabezaron en Madrid una marcha de 800.000 manifestantes, según los organizadores (40.000, según la Delegación del Gobierno) junto a organizaciones sectoriales como el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Unión de Actores o la anarcosindicalista CGT, además de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) o el CSI-F, organización que tiene altas cotas de afiliación en la función pública. Más de 55 sindicatos y asociaciones de la sociedad civil plantaron cara a unas medidas adoptadas e impuestas por el Gobierno que volvió a “eximir” de responsabilidades y compromisos al sector financiero, empresarial y a las rentas más altas.
Barcelona, contra la política de recortes.
En Barcelona, miles de personas (400.000, según los sindicatos, y 40.000 según los Mossos d'Esquadra) marcharon pacíficamente en una marcha ruidosa en la que grupos de bomberos de la Generalitat tiraron petardos, botes de humo y espuma. Todo ello, mientras se refrendaba en el Congreso el real decreto que incluye un plan de ajuste y unas duras medidas con las que el Gobierno del PP pretende reducir el déficit público. Entre ellas, la subida del IVA, la supresión de la paga de Navidad para los funcionarios, o la reducción de la prestación por desempleo. El ministro Montoro llegó a decir que no había dinero para financiar los servicios públicos y que Europa obligaba a ello. Y reconoció que el Gobierno de Mariano Rajoy había tenido que dejar de lado sus principios. El presidente se incorporó al pleno sólo a la hora de votar.
Los actores Carlos y Javier Bardem, durante la concentración madrileña.
Un triple cordón de la Policía antidisturbio impide, con sus cargas, la llegada de manifestantes al Congreso.
La policía cargó contra cientos de manifestantes que continuaron con la protesta en el centro de Madrid, después de que la manifestación se diera por finalizada, sobre las 23 horas. Un grupo de personas trató de llegar sin éxito hasta el Congreso de los Diputados, fuertemente protegido por unos150 policías. Los antidisturbios cargaron contra los manifestantes en la Carrera de San Jerónimo, poco después de que un grupo de bomberos que encabezaba la protesta abandonase la zona. Los enfrentamientos se extendieron hasta la Puerta del Sol, después de que algunos manifestantes quemasen varios contenedores. Un total de 39 personas fueron heridas, seis de las cuales fueron trasladadas a centros hospitalarios, y 15 fueron detenidas, según datos ofrecidos por la Policía, “por desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, resistencia y desobediencia”. Los momentos de máxima tensión se registraron en las proximidades del Congreso de los Diputados. Los antidisturbios que protegían el Congreso cargaron contra los manifestantes que trataban de saltar las vallas que rodean el edificio.
Los actores Juan Diego Botto y Alberto San Juan, la cantante Anni B.Sweet, la galerista Soledad Lorenzo, el director Pedro Almodóvar, la actriz Núria Espert, el dramaturgo Mario Gas, el torero Miguel Albellán y el director Paco León, junto a una treintena de creadores, auguran que la reciente subida del IVA empuja hacia la extinción y proponen movilizaciones. En cuatro páginas, el País del domingo hace un interesante y amplio reportaje sobre creadores en crisis que titula “Un grito por la cultura”.
Los bomberos muestran sus pompis contra los recortes.
Ocho bomberos de Mieres (Asturias) muestran cómo han quedado “en pelota de tanto recortes”. Se desnudan en señal de protesta por los recortes anunciados por el Gobierno y por otros que dicen estar sufriendo desde hace más de dos años. De esta manera, apoyan a todos los trabajadores de la Administración Pública, manifestando su “disconformidad con los últimos recortes”. “A causa de la crisis económica que ningún trabajador público o privado ha generado –comentan dichos bomberos– los gobiernos sólo saben recaudar dinero de nuestros bolsillos”. Los trabajadores de la administración pública tuvieron que pasar “unas oposiciones más o menos duras”, a la vez que, en su caso, como en otros, se les pedían unos exámenes en los que se competía entre los mejores para poder llegar a un puesto de trabajo seguro. “A causa de la crisis económica –se lamentan– los gobiernos sólo saben recaudar dinero de nuestros bolsillos”.
Mario de la Fuente, alcalde de Robledo.
“Es indigno que se toque el sueldo de los empleados públicos cuando luego se rescata a los bancos... No se puede recortar el sueldo de los más débiles, de la parte más frágil. Esa debería ser la última medida. Antes, hay otras fórmulas, como que no haya tantos cargos de confianza o que los diputados no cobren lo que cobran. ¡Es inmoral!”. Lo dijo un alcalde del PP en Robledo de Chavelas, Mario de la Fuente. Arropado por medio centenar de trabajadores de correos, limpieza, policías y administrativos, De la Fuente quebranta el discurso oficial del PP, concentrándose con los empleados municipales durante media hora a las puertas del Ayuntamiento. “Soy de derechas y leal a mi partido –advirtió–, y por eso digo lo que digo. Estoy aquí a título personal, como un compañero más de los trabajadores que hoy han salido a la calle. No quiero que los partidos políticos ni los sindicatos lo utilicen a su favor. Es mi libertad, tengo principios y con esto no daño a nadie... Pero ante lo que está pasando no se puede estar callado. Ya está bien de ser políticamente correctos, y así lo expreso: Es una injusticia que le quiten la paga de Navidad a los funcionarios”. De la Fuente es el alcalde del municipio desde 1995, cuando lograba ocho concejales (1.187 votos) por los dos del PSOE (323) y el que obtuvo el partido local APIR (261). Es panadero de profesión y se jacta de haber cogido a Robledo con una deuda municipal de 50 millones de pesetas [300.000 euros] y de tener, en este momento, un superávit de esa cifra. Su sinceridad alcanza su apogeo cuando se centra “en la casta política”. Aunque sea la de su partido. “Pero ¿cómo nos van a ver bien los ciudadanos con ejemplos como el Andrea Fabra? –recuerda–. El PP tendría que haberla expulsado al día siguiente del ‘que se jodan’ famoso. Es una frase horrorosa, pero como es hija de fulanito de tal [Carlos Fabra, expresidente del PP de Castellón]... Y desde luego la excusa de que no iba dirigido a los parados sino a los socialistas no es de recibo”.
El pistolero Rajoy, al acecho.
El Estado está al borde de un precipicio, con una España que va “tener que pedir permiso hasta para ir al baño”, según comenta, en “El Confidencial”, Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramón Llull. “España está en una situación gravísima. El señor Montoro será lo que sea, pero es todo menos tonto. Estoy convencido de que lo que dijo ayer sobre las nóminas no se le escapó en absoluto. Fue una frase muy calculada, con unas consecuencias tremendas y que demuestra la situación realmente es muy grave. España está realmente muy mal. Mucho peor de lo que se está contando. El capital extranjero huye de España y deja la economía al borde de la intervención”. El mismo Rajoy, que no de de disparar contra todo funcionario que se mueve, no sabe qué hacer en una España al borde del rescate y no duda en alargar la recesión hasta 2014. Reconoce que la situación es insostenible y que España entra en situación límite.
Internet ya ha buscado al señor Burns como el doble del ministro Montoro.
Con un ministro de Hacienda que se ríe cada vez que tiene que anunciar recortes –una sonrisa que le sale involuntariamente, según el video que ofrecemos al final–, Mariano Rajoy compatibiliza, desde hace siete meses, su cargo de presidente del Gobierno con su condición de diputado por Madrid. Y sigue cobrando mensual y religiosamente, según “El Confidencial”, los 870,56 euros que le paga el Congreso para “afrontar los gastos de alojamiento y manutención en la capital”, pese a que vive con su familia en el palacio de La Moncloa. El líder del PP no cobra el sueldo de diputado porque la ley impide embolsarse dos salarios de la Administración pública, pero sí recibe la indemnización mensual para “cubrir gastos” que perciben todas sus señorías: 1.823,86 euros para los diputados de fuera de Madrid y 870,56 para los de la capital, como es el caso de Rajoy. Fuentes del Congreso señalan que esa cantidad para alojamiento y manutención está exenta de tributación y no tiene carácter salarial, por lo que su percepción es compatible con la retribución que cobra Rajoy como presidente del Gobierno, que asciende actualmente a 72.600,36 euros anuales.
“Los recortes del Gobierno –arranca el último comunicado del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)– suponen un ataque brutal contra los empleados públicos, una estigmatización de este colectivo de trabajadores, sin atender a razones de justicia social ni económicas”. Los técnicos de Hacienda aceran sus críticas contra unos recortes que consideran injustos por hacerlos recaer fundamentalmente en los funcionarios, pero no se limitan únicamente a la descalificación: También presentan alternativas para ahorrar los 65.000 millones que quiere el Gobierno sin hacer recaer la mayor parte del ajuste en los funcionarios y en las clases medias. GESTHA detalla cómo ahorrar ese dinero sin subir el IVA o el IRPF. Propone, a cambio, implantar un nuevo impuesto sobre la riqueza, que aportaría al Estado 3.400 millones de euros; se muestra partidario de retocar las SICAV y las ganancias especulativas, con lo que la administraciones públicas recaudarían 1.400 millones; elevar el Impuesto de Sociedades al 35% para empresas que ganen más de un millón, dejaría 14.000 millones en las arcas públicas; reducir la economía sumergida diez puntos aumentaría la recaudación en 38.500 millones de euros; finalmente un impuesto a las transacciones financieras haría llegar a la caja del Estado otros 5.000 millones. Gran parte de estas medidas ya surgieron en otros foros: el PSOE, por ejemplo, viene reclamando desde hace meses un impuesto sobre las grandes fortunas. IU también exige desde hace tiempo un impuesto a las transacciones financieras. Y GESTHA termina con este lamento: “Nos hacen pagar los errores de otros: los empleados públicos no han generado el agujero de 60.000 millones de euros en las cajas, ni son responsables de las enormes deudas no financieras de las CCAA y de los ayuntamientos”.
Mientras los mercados se hunden, la deuda española se eleva por las nubes y el desempleo crecer por doquier, Carlos Fabra, expresidente del PP castellonense, consigue que al menos un avión aterrice en su aeropuerto, construido pero totalmente inoperativo. Sus instalaciones fueron inauguradas hace más de un año y, hasta el momento, solo han servido para que la gente paseara por sus pistas, o fueran atravesadas por algún conejo o liebre. Ahora un avión de acero y cobre inoxidable, aunque sin motores, ha sido trasladado muy cerca del aeropuerto como última de las piezas que faltaba para completar la escultura “El hombre avión”, del artista Juan Ripollés, que pretende ser “una alegoría de la capacidad creativa del cerebro humano”. El monumento tiene unas dimensiones gigantes. Mide más de 14 metros de altura y 18 de ancho, con un peso de 33 toneladas y un precio de 300.000 euros. El aparato no volará nunca pero recordará la obra promocionada por el padre de Andrea Fabra, la diputada del PP que pidiera perdón por haberse mofado de los parados –ella insiste que fue contra el PSOE– con su inapropiada expresión: “Que se jodan”. Con su gesto, su progenitor, uno de los políticos más significativos de la ruina valenciana, sigue defendiendo en público su aeropuerto y se ríe de quienes denuncias el atropello.
“Ahí está el rey don Juan Carlos, dando ejemplo –escribe David Torres en el artículo “El rey, en huelga” (Público.es)–. No sólo se ha bajado el sueldo una barbaridad (como para que el próximo safari sólo le alcance hasta Tanzania) sino que ya prepara su agenda de trabajo en Mallorca con austeridad espartana. Comilonas, regatas, masajes: todo por la patria. Ya dijo doña Leticia, lo duro que es el curro de princesa, que la mujer siempre está dando el callo incluso en la cubierta del yate porque siempre debe tener el bronceado en perfecto estado de revista. Pero, últimamente, el presupuesto real se ha recortado hasta el punto de que ya casi ni se oyen tiros en la Zarzuela y apenas se colapsan las salas de urgencia de los hospitales con la llegada de borbones heridos por arma de fuego. Esta original familia que lleva décadas dirigiendo los destinos de la España plebeya en el poco tiempo que les queda entre boda y boda, entre elefantes y osos, entre el esquí y la vela, no ceja en su empeño de señalarnos el camino. En efecto, dejando aparte relaciones públicas, partidos de fútbol, cacerías africanas y recepciones de jeques árabes, don Juan Carlos lleva en huelga desde el golpe de estado del 23-F; la reina, desde que se casó; el príncipe, desde que se graduó en la mili con tres estrellas y llevan meses intentando convencer a Urdangarin de que deje de trabajar, aunque con éste no hay manera”.
“Hace una semana –escribe Qaesa en el Ventano, bajo el título “la España institucional, bunkerizada”– que el Congreso, y sus alrededores, está rodeado de vallas con accesos vigilados por agentes que piden la documentación incluso para tomarse un café en alguno de los bares que ha caído dentro del recinto. El jueves pasado, el entorno de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, presentaba un aspecto similar, con decenas de agentes protegiendo un espectacular vallado. El Gobierno está perdiendo legitimidad por todos los costados. Y los motivos son muchos. La inmensa mayoría de las medidas que adopta no venían en su programa. Hay que ir al Boletín Oficial o a páginas web semidesconocidas para saber qué decisiones adopta el Consejo de Gobierno. Diputadas y diputados que lo apoyan aplauden los recortes más sangrantes. Y sus ministros y ministras mienten sin ningún pudor cada vez que abren la boca. Ni Bruselas ni el BCE ni el FMI les cree, y eso que son de su cuerda. Al Partido Popular le importa un pito que la gente vuelva a confiar en la Política, y cree que su mayoría absoluta le legitima para hacer lo que le viene en gana. Gobierna como si se tratase de una dictadura con forro democrático. El PP sabe que no estará en el próximo gobierno, por lo que va a aprovechar lo que le queda en la Moncloa para desmantelar, no solo el Estado de bienestar, sino el mismísimo Estado. Quiere cargarse el funcionariado, la radiotelevisión pública, las autonomías, la independencia de los ayuntamientos, los pequeños partidos...
“Su última andanada fue la moción aprobada esta semana en el Congreso por la que cualquier disidente pasa a la categoría de delincuente. El PP tenía un programa oculto. Pero el más peligroso no era el económico, sino el ideológico. Cuando un Gobierno entiende que las protestas sociales son un problema de orden público, deja de ser democrático e inicia el camino hacia un régimen policial. Los partidos de 'izquierda' deberían negarse a entrar en una institución bunkerizada pues es posible que cuando salgan la gente ya no les reconozca. Cuando un Gobierno solo confía en vallas, porrazos, pelotas de goma, gases lacrimógenos y medios de comunicación lacayos, es que ha perdido la noción de la realidad. Esta vez, parece que a Rajoy no le va a servir su táctica de dejar que el tiempo arregle los problemas”.
Pero, basta ya de imágenes y de situaciones serias y deprimentes. Abrámonos al humor, como signo positivo frente a la dura realidad. R. Varona nos presenta en “Diariocrítico” la conversación entre el rey y su hijo, ambos con el sueldo recortado. Otras viñetas de Varona: Esas cabezas, bien altas, Conjugaciones del verbo “joder”, Jueces contra Gallardón y Motivos reales.
Mariano expone todos recortes del Gobierno para reducir el déficit del Estado. Otros dibujos y recortes de humor: Fabra y su hija, J. R. Mora, Vergara, Forges, Peridis, El Roto, Kap, Erilich…
Terminamos ya, como todo domingo, con tres vídeos:
Tenemos un ministro de Hacienda que no nos lo merecemos. Se ríe cada vez que tiene que anunciar recortes. Pero no sean malpensados, hostias. Cada vez que se ríe es porque se habrá acordado de un chiste y se despista y por eso le sale la sonrisa sin querer queriendo, sin querer... evitarlo.
Los funcionarios mileuristas podrán disfrutar de su paga extra. Así lo anunciaba el martes por la tarde, en el Senado, Cristóbal Montoso, recordando que, en el BOE del pasado sábado, se incluyó un párrafo en el que se aclaraba que los funcionarios y empleados públicos que ganen menos, excluyendo los incentivos al rendimiento, de 962 euros, quedaban al margen de la medida más polémica de las anunciadas la semana pasada.
Wyoming, el 22 de junio pasado, en Alcalá de Henares.
No hay comentarios:
Publicar un comentario