La ONU da tres meses a España para que cambie su actitud con las víctimas del franquismo.

  Detalle de una pancarta formada con fotografías de víctimas del franquismo.

 Miembros de la plataforma con el grupo de expertos de la ONU sobre desapariciones forzadas

 

Los expertos de la ONU dieron a España tres meses para cambiar su actitud con las víctimas del franquismo. El informe de los expertos de la ONU da 90 días a España para que diga cómo va a cumplir sus recomendaciones, entre ellas encontrar a las personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura. España tiene este tiempo para decidir cómo va a dar un giro total a su política sobre la Memoria Histórica y la reparación de las víctimas del franquismo. Y el Estado debe implicarse activamente en la búsqueda de las personas desaparecidas durante este periodo. Para los expertos, “la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de la Ley de Amnistía han creado un patrón de impunidad”.

El grupo de expertos de la ONU  que visitó nuestro país durante una semana en septiembre de 2013, confeccionó las conclusiones definitivas: Que España se implique en la búsqueda de víctimas y desaparecidos, que "asuma sus obligaciones internacionales y se comprometa de manera más activa y urgente en la determinación de la suerte o el paradero de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. España debe “asegurar la coordinación de las actividades de exhumación e identificación”, exigen,  así como desarrollar el protocolo de actuación y promover que asociaciones de víctimas aporten sus datos de ADN para facilitar esta búsqueda, así como debe asegurarse la presencia de jueces en las fosas comunes. Según los expertos, la justicia española debe “investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas, a la luz de las obligaciones internacionales, de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde las mismas”.

Los expertos piden neutralizar la Ley de Amnistía de 1977, “privarla de todo efecto" para que no afecte a las desapariciones forzadas, entre ellas, las de la guerra y la dictadura, ni se beneficien de la "impunidad” que, según explican, impera sobre este tema. Piden constituir la desaparición forzada como un delito autónomo e imprescriptible, y que estos delitos sólo puedan ser enjuiciados por la jurisdicción ordinaria, “con exclusión de toda otra jurisdicción especial, en particular la militar”. Y que exista una comisión de expertos independientes, encargada de determinar la verdad sobre las violaciones de derechos humanos..

A lo largo de sus conclusiones finales, los expertos de la ONU piden a España que aplique las recomendaciones que la Comisión de Expertos para el Valle de los Caídos de 2011 hizo en su momento. Los expertos se muestran “especialmente preocupados" por el efecto que tuvo el juicio contra Baltasar Garzón: “Estos hechos han significado, en la práctica, el cierre, archivo, paralización o mínima investigación de cualquier proceso para esclarecer y juzgar los miles de casos de desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura”. Y piden a España que tome medidas en torno al Defensor del Pueblo, y a la figura del régimen de incomunicación. Con respecto a lo primero piden asegurar “la transparencia” en el procedimiento de elección de esta figura. Con respecto a lo segundo, que sean derogados los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establecen este régimen.