NEGRO SOBRE BLANCO: La corrupción que nos invade y la “ley mordaza”.

La Asamblea General de las Naciones Unidas fijó el 9 de diciembre como el “Día Internacional contra la Corrupción”, con el propósito de crear conciencia contra esta problemática que afecta a diversos sectores de la sociedad. Por desgracia, España ocupa un importante puesto mundial en este tema. “En España –escribe Baltasar Garzón en El País, bajo el título ‘Impunes y corruptos’–, existe una sensación generalizada de que políticos de todos los niveles, empresarios, jueces, miembros de la familia real, y, en general, cualquiera con acceso a la más mínima parcela de poder, incluído el pequeño Nicolás, se consideran impunes a la hora de corromper y corromperse. La ciudadanía clama contra tanto corrupto mangante con cuentas en Suiza y paraísos fiscales, fruto de comisiones y acuerdos inconfesables. No hay más que ver el barómetro de noviembre recién publicado del CIS en el que un 63,9% de los españoles consideran la corrupción el principal problema en España, frente al 42,7% del mes de octubre”. El caso Gürtel, la Operación Púnica, los repetidos escándalos públicos, los viajes del presidente extremo, son algunos de los casos más revelantes de esta corrupción. Con su mayoría absoluta, el PP ha rechazado la creación de una comisión de investigación sobre el caso Bankia y otros, propuesta por el PSOE e Izquierda Unida. “La sospecha de que hay todavía mucho más oculto que lo que ha salido a la luz –insiste Garzón– hace más necesaria que nunca la investigación judicial y policial de las conductas sospechosas. Los jueces, por su parte, proponen medidas de alcance estructural, organizativo y de gestión para abordar de forma eficaz la lucha contra la corrupción. Frente a esto, la reforma anunciada por el Ejecutivo no pasa de ser pura cosmética... En opinión de Transparencia Internacional, España no sufre una corrupción sistémica, sino una gran cantidad de escándalos de corrupción política de altos cargos en los partidos… Por mi trabajo como juez, no me resultan extrañas las formas en las que esta lacra se enmascara, ni los múltiples tentáculos que desarrolla. Me entenderán bien jueces, fiscales, peritos, policías y guardias civiles si hablo de horas innumerables de trabajo ante una red de crimen organizado indagando desde el extremo del ovillo, tirando con delicadeza pero con mano firme para no alertar, pero, a la vez, cerrando el camino con la urgencia de no permitir que la pista se diluya en la ciénaga de los paraísos fiscales donde puede desaparecer para siempre”. En el Día Internacional contra la Corrupción, Garzón apuesta por un futuro limpio con el esfuerzo de los ciudadanos, de los jueces y de los políticos honestos. Y aboga por definir una cultura de honestidad, de ética, de transparencia, de servicio público y derechos humanos. Y concluye: “Esa medida, señor Rajoy, sí es básica para la regeneración. Con ella, daremos respuesta a tantos ciudadanos honrados que aborrecen lo que ven y sufren todos los días por su país que los bandidos quieren repartirse”.

Iñaki Urdangarin junto a la infanta Cristina.

En España, coincide se día internacional con el proceso a Urdangarin, duque de Palma y cuñado del actual monarca Felipe VI, dilatado en el tiempo por tantos recursos, vistas e informes. La pena por sus presuntos delitos de estafa empresarial y uso indebido de fondos públicos converge con la promoción de políticas contra la corrupción. Quizás, si se hubiese juzgado con mayor rapidez y en otro momento, la pena no habría sido tan elevada en años y sí en cuantía (multas) económica. El Fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach del 'caso Nóos' pide para el ex socio de Urdangarin, Diego Torres, 16 años y 6 meses de cárcel. Aunque para la esposa de Iñaki Urdangarin, la infanta Cristina de Borbón, el fiscal sólo exige el pago de una multa algo superior al medio millón de euros, cantidad ridícula si la comparamos con lo que las empresas del matrimonio pudieron, supuestamente, defraudar de los fondos públicos. “La sensación de impunidad sobre sus actos que ciertas personas tienen en el seno de la sociedad española es visto –según Gustavo A. Ordoño, redactor, reportero y escritor, autor del blog Gusorma– con resignación, por unos y, ¿por qué no decirlo?, con normalidad, por otros. Existen generaciones de personas mayores educadas en la dictadura franquista que encuentran normal un trato de favor sobre las personas que gozan de autoridad o de prestigio social, sin importar cómo se ha adquirido o por qué se tiene esa consideración privilegiada sobre el resto. No es exagerado cuando digo que les incomoda ver juzgada o condenada a una hija del rey Juan Carlos, persona de su generación, ligada a sus memorias históricas y cívicas. Por eso, declaraciones como la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción inciden en afrontar las luchas anticorrupción desde la raíz de la educación en valores cívicos. Y, en España, lo primero que hizo el Gobierno conservador del PP en su reforma educativa fue eliminar la asignatura de ‘Educación para la Ciudadanía’; medida poco inteligente, cuando hasta editoriales de línea religiosa (SM) trabajaron de forma excelente esta asignatura tan necesaria en el currículum escolar español”.

En el escrito de calificación de 576 páginas que Pedro Horrach, fiscal Anticorrupción, entregaba la semana pasada al juez José Castro solicita que se juzgue por el caso Nóos a catorce personas. Pide una condena de 19 años y 6 meses de prisión para Iñaki Urdangarin por el caso Nóos y que pague 3,5 millones de euros de multa por el desvío de fondos públicos mediante varios presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo. En el sumario, incluye a Diego Torres, a su esposa, Ana María Tejeiro, a un hermano de ésta, Marco Antonio Tejeiro, que fue contable. En cambio, Horrach pide que se archive la imputación de la Infanta Cristina, sobre quien pesan dos delitos fiscales, “por inexistencia de indicios racionales de criminalidad”, aunque la considera responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de 587.413 euros. La Fiscalía recrimina que se le acuse en base a “sospechas” y a un “raquítico 'pudo saber”, lo que, a su juicio, la sitúa en una “posición de indefensión” tal y como expone en un escrito. El sindicato Manos Limpias, sin embargo, reclama para ella un total de 8 años de prisión. Dicho sindicato deja en manos de Castro la decisión de que la hermana del rey sea juzgada junto a su esposo, para quien pide penas que suman 26 años y medio de cárcel por diversos delitos de corrupción. Para el expresidente balear Jaume Matas, otro de los principales imputados, el fiscal Horrach solicita una condena de 11 años de prisión por varios presuntos delitos de corrupción al beneficiar con unos 2,5 millones de fondos públicos al Instituto Nóos que presidía Iñaki Urdangarin. Para Mercedes Coghen, la ex consejera delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016, pide 6 años y medio de prisión por beneficiar fraudulentamente con unos 114.000 euros de fondos públicos a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis), que presidía Iñaki Urdangarin.Horrach pide penas de 6 a 8 años de prisión para cuatro ex altos cargos de la Comunidad Valenciana por presuntos delitos de corrupción y exonera al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau. De la trama valenciana pide que se abra juicio contra el exsecretario de Turismo de la comunidad, Luis Lobón; contra el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Jose Manuel Aguilar; contra el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, y contra la que fue responsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Elisa Maldonado.

La infanta Cristina y el juez Castro.

El juez Castro, con los escritos acusatorios sobre la mesa –incluidas las reclamaciones de responsabilidad civil– tendrá que determinar si incluye a la infanta Cristina en el listado de acusados para el juicio, o, por el contrario, estima la tesis del fiscal, que exonera a la esposa de Urdangarin de ser cooperadora en los delitos fiscales por su esposo, idea que también defiende la Abogacía del Estado. El juez debe barajar la aplicación de la llamada doctrina Botín del Tribunal Supremo, que sostiene que, si el Estado, como parte perjudicada –en un fraude fiscal–, no acusa, no cabe celebrar un juicio por el asunto, con una sola acusación privada (la de Manos Limpias). Es posible, por otra parte, asumir una tesis adversa, la llamada doctrina Atutxa que, según valoraciones jurídicas, avala la acusación. Esta última doctrina, ideada para aplicarla en un delito de desobediencia, permite que, al carecer de un perjudicado concreto, una única acción popular sirve para instar la apertura de juicio contra la infanta Cristina. La Audiencia de Palma dejó la resolución del papel final de Cristina de Borbón a criterio del instructor y remarcó que “existe un matiz” en la Infanta, porque ella está imputada como cooperadora de los delitos fiscales que cometió su esposo Iñaki Urdangarin, fraudes por los que la Fiscalía y la Abogacía del Estado sí actúan. El fiscal rechaza la potestad del juez para decidir la situación final de la hermana del rey.

Virginia López-Negrete, abogada de Manos Limpias, imputa a la infanta Cristina.

Manos Limpias, pseudo sindicato ultra, considera que el papel de Cristina de Borbón fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, pudiera defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008. Para justificar su petición de ocho años de cárcel, cuatro por cada uno de los dos delitos fiscales, la formación considera que la hermana del Rey Felipe VI incurrió en una agravante: el haber interpuesto una sociedad –Aizoon, de la que son copropietarios los duques– para ocultar la verdadera identidad de quienes tenían que rendir cuentas a Hacienda. Sostiene que la infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que su esposo pudiera valerse de esta empresa pantalla para facturar a través de la misma, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta. El sindicato Manos Limpias reclama para la infanta Cristina multas que ascienden a 2.022.861 euros por contribuir a que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase a Hacienda a través de Aizoon, de la que ambos son copropietarios. La petición se suma a los ocho años de cárcel que la entidad solicita para la hermana del rey como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. Así consta en el escrito de acusación presentada en el que subraya cómo Cristina de Borbón “sabía que todo lo que estaba haciendo era ilegal, pero, aún así, hizo como que miraba para otro lado. Pero eso sí, manteniendo viva su mercantil Aizoon a pesar de las advertencias de ilegalidad que pesaban sobre la misma”, abunda la letrada de Manos Limpias, Virginia López-Negrete, quien acusa a Cristina de Borbón de permitir que Aizoon “sirviera de instrumento para la comisión delictiva”. La empresa del matrimonio está considerada una de las sociedades 'pantalla' que integraban el entramado urdido en torno al Instituto Nóos para que Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, pudieran apoderarse de los fondos públicos de las Administraciones con las que contrataban. El sindicato señala que “existió un acuerdo previo entre los socios “Urdangarin y la infanta”, en virtud del cual “habrían convenido que el dinero que las rentas del trabajo del señor Urdangarín y percibidas por Aizoon fuera para los socios por mitad, y por eso Aizoon factura y no el señor Urdangarín como persona física. De ahí la razón por la que la infanta fuera socia al 50% de Aizoon, cuando dicha sociedad perfectamente podía haber sido constituida de forma unipersonal”, abunda la abogada.

El fiscal Horrach pide librar a la infanta del banquillo con la ‘doctrina Botín' por “justicia e igualdad”.

“Está en una posición de indefensión”, argumenta el Fiscal Anticorrupción, señalando a la infanta Cristina. Pedro Horrach solicita que no se siente en el banquillo de los acusados en el caso del Instituto Nóos. Pide no procesar ni a Cristina de Borbón ni a Ana Torres, la esposa del socio de Iñaki Urdangarín. Para ello se basa en la doctrina Botín, una doctrina sentada por el Supremo que permitió al banquero Emilio Botín eludir un juicio. La Audiencia de Palma considera “innegable e inobjetable” que ambas esposas contribuyeron a defraudar a Hacienda junto a sus maridos y que “tenían que ser conscientes” que formaban parte de sociedades instrumentales junto a sus esposos. Entiende que ambas cometieron delito fiscal. Pero, el fiscal tiene una visión diferente al de la Audiencia. “Tras meses de afanada investigación, la conclusión que se ha extraído es un raquítico 'pudo conocer' que sitúa a doña Cristina de Borbón en una posición de indefensión”, subraya el fiscal en su escrito, que recrimina a la Audiencia de Palma que la acuse en base a “sospechas” y denuncia la “vulneración de la presunción de inocencia” de la hermana de Felipe VI y señala una “falta de coherencia” a la hora de imputarle el delito fiscal. Horrach pide al juez de instrucción número 3 de Palma que aplique en su auto la doctrina Botín a la infanta Cristina para que no se siente en el banquillo y goce de un trato igual con aquellos ciudadanos a quienes, por similares motivos, sí se les ha impedido ir a juicio. Del mismo modo, pide que le sea aplicada la anterior doctrina a Ana María Tejeiro, mujer de Diego Torres, exsocio de Urdangarin, en relación al mismo delito fiscal que le imputa la Audiencia Provincial de Baleares. Pero Tejeiro sí tendría que ir al banquillo puesto que la Fiscalía la acusa por otro delito, el de blanqueo de capitales del que no acusa a la infanta. “Si el titular del bien jurídico supuestamente lesionado, la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, no ejercen la acción penal contra una persona determinada porque consideran que no existe delito imputable a la misma, dicha legitimidad procesal no puede ser usurpada por un tercero no perjudicado”, argumenta Horrach en su escrito de acusación. Del mismo modo, el fiscal recalca que “el respeto al principio de igualdad debe impedir que los criterios interpretativos de las leyes penales y procesales se conviertan en cajones de sastre donde todo vale”, por lo que considera que “no es posible legalmente, bajo la excusa de matices interpretativos, orillar la aplicación” del artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que insta a archivar las pesquisas para quien así lo piden Fiscalía y acusación particular. Horrach expone un caso “idéntico” al de la hermana del rey, en el que la Audiencia Provincial de Vizcaya determinó que la acusación popular no podía por sí sola abrir el juicio oral contra las personas que no eran objeto de acusación ni por el Ministerio Fiscal ni por la acusación particular a raíz de la supuesta comisión de un delito contra la Hacienda pública. Pero sólo el juez Castro decidirá si sienta en el banquillo a la infanta.

La Infanta Cristina y su abogado, Miguel Roca.

Después del escrito registrado por la Fiscalía Anticorrupción en el que se defiende que la Infanta Cristina no tiene responsabilidad penal en el marco del caso Nóos, y pese a que el juez Castro considera que la hermana del rey no está en la posición de indefensión que apunta la Fiscalía, el abogado de la infanta, Miquel Roca, presentó la petición de sobreseimiento para su cliente ante el juez de Instrucción número 3 de Palma. Roca hizo este anuncio tras participar en un foro de debate organizado por la Abogacía General del Estado en el que denunciaba que “la presunción de inocencia no existe en España”. Para el abogado, la trascendencia que se da al término imputado en nuestro país no es la que pretendía darle el legislador –un plus de garantía ante la Justicia–, sino que se convierte en una “precondena”, algo que hay que corregir. En su escrito presentado en los juzgados para pedir el sobreseimiento de la causa, Roca alude a la doctrina Botín y ve “jurídicamente inadmisible” que pueda sentarse en el banquillo.

David Torres titula, en Público.es, “La doctrina Borbón”, un atículo en el que escribe: “Si algo hay que agradecerle al fiscal defensor Horrach en su incansable labor de vasallaje borbónico es que al menos nos estamos riendo mucho. Cada escrito de acusación, una comedia; cada párrafo, un juego de manos. ‘Si el titular del bien jurídico supuestamente lesionado, la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal no ejercen la acción penal contra una persona determinada porque, legítimamente, consideran que no existe delito imputable a la misma, dicha legitimidad procesal no puede ser usurpada por un tercero no perjudicado. No perjudicado’ dice. Que no nos han perjudicado. Nos han robado, estafado y defraudado millones de euros a todos los españoles y resulta que el sindicato Manos Limpias, que se persona como acusación popular, no es titular del bien jurídico supuestamente lesionado. Ante la sintaxis lóbrega y culterana de la fiscalía, aquel galimatías de ‘la parte contratante de la primera parte será considerada la parte contratante de la primera parte’ parece agua del grifo. (…)

“Ahora –escribe David Torres– el fiscal Horrach pide igualdad para la infanta Cristina al tiempo que se acoge a esta excepción única y fastuosa que es pasmo y maravilla de la jurisprudencia mundial. ‘La doctrina Botín’ susurran en los tribunales europeos, con el mismo temor medieval que animaba al populacho cuando veían que se acercaba un imprudente a intentar desempotrar de la roca la espada Excalibur. ‘La doctrina Botín’ murmuran en los tribunales islámicos, donde no se veía nada parecido desde que Mahoma ascendió al paraíso en una burra con alas. No hay que olvidar que Horrach, con tal de defender a la infanta, no se detiene ante nada. Incluso fue capaz de sugerir que padece un serio déficit de atención, como cuando le atribuyó, a una señora casada y con dos hijos, con cargo de vocal en el Instituto Nóos, un despacho en La Caixa y dos carreras a sus espaldas “una absoluta falta de capacidad de sospechar siquiera que se podía estar incurriendo en alguna irregularidad en su entorno… En fin, que el otro día, cuando se acercaron al juez Castro para preguntarle si de verdad él cree que la infanta se encuentra en una posición de indefensión, al hombre le costó reprimir la carcajada. Castro está ya tan acostumbrado a los desvaríos del fiscal que únicamente se permitió una media sonrisa de guasa y dijo con bastante retranca: ‘Nunca lo he pensado. Hay criterios y criterios’. También podía haber dicho: ‘Hay doctrinas y doctrinas’. La Botín sólo se ha utilizado una vez y creíamos que la habían enterrado junto al banquero, pero no habíamos caído en la letra pequeña y en la coincidencia del apellido, que también empieza por Bo- y acaba por -n. Casi nadie se acuerda que el ejército estadounidense tiró una segunda bomba atómica en Nagasaki sólo porque había que demostrar a los rusos que tenían más”.

Diputados de la Izquierda Plural protestando contra la Ley de Seguridad Ciudadana durante su debate en el Congreso.

Tras celebrarse el martes pasado el Día Internacional contra la Corrupción, llegó el miércoles, 10 de diciembre, Día internacional de los Derechos Humanos. Pero el jueves, el PP imponía en el Congreso su “ley mordaza”, inspirada en el franquismo y apoyada por mayoría por el Gobierno del PP. Un Gobierno que, pese a presumor hoy de transparencia, nos devuelve al peor franquismo. Los diputados de Izquierda Unida se dejaron fotografiar amordazados contra la Ley de Seguridad Ciudadana. De esta forma expresaban su rechazo a la norma que se debatió en el Congreso, tapándose la boca ante la “institucionalización del Estado policial”. De esta manera, mostraban los diputados su absoluto rechazo al proyecto legislativo del PP que, en opinión de la oposición, “institucionaliza el Estado policial”. El presidente del Congreso tuvo que llamarlos por dos veces al orden, exigiendo que se quitasen la mordaza. El diputado Ricardo Sixto, que estaba en la bancada de oradores, le contestó: “¿No le gusta? Están protestando”. Finalmente, accedieron a quitarse la mordaza que tapaba su boca. Minutos después, miembros de la Solfónica, el grupo musical vinculado al movimiento 15-M, sentados en la tribuna del público, se levantó de sus asientos para cantar el tema “La canción del pueblo”, del musical “Los Miserables” El presidente de la Cámara, ordenó su desalojo. Y mientras abandonaban el sitio reservado para los visitantes, los miembros de la Solfónica seguían cantando. El texto de la Ley salió adelante, tras rechazar el PP todas las enmiendas de la oposición, que se comprometió a derogar la ley en cuanto cambie la correlación de fuerzas.

“Con la Ley Mordaza el PP recupera el franquismo”, titula Shangay Lily en Público.es. Un articulo que nos recuerda: “A pesar de la frontal oposición de la población (el 82% de los españoles pide cambiar o retirar la ley de Seguridad Ciudadana en una encuesta encargada a Metroscopia por la ONG Avaaz.org) y de todos los partidos de la oposición, el PP piensa imponer la ley, usando su mayoría absoluta. La ley no será aprobada definitivamente hasta principios del 2015, pero o nos movilizamos y oponemos masivamente o el PP va a usar su último aliento para imponerla. No están escuchando a la ciudadanía, no están calibrando el coste que esta prepotencia y ceguera les va a suponer incluso entre su electorado. El PP sólo quiere blindar a sus corruptos ante los movimientos sociales, la protesta y el activismo. Volver a la bota. Y es que, en realidad, el PP está llevando a cabo una política de ‘tierra quemada’. Están saqueando arcas, derechos y libertades a la desesperada, un su camino de salida, en su huida de la ciudad sitiada, seguros de que su criminal legislatura ha vuelto a la población en su contra y van a perder estrepitosamente. Ya quedan pocos flecos que atar. Su paso por la democracia española ha sido peor que el de Atila y Gengis Kan juntos...”

Varios colectivos sociales protagonizaron el miércoles un cortejo fúnebre ante el Congreso en protesta por la aprobación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, al día siguiente, conocida como 'ley mordaza', que el PP sacará adelante en solitario. Según los convocantes, la norma va a “matar” la democracia porque supone un atentado contra derechos como el de manifestación y libertades como la de expresión. En la imagen, activistas de Avaaz, No Somos Delito, PAH, Greenpeace, SOS Racismo, Sindicato de Estudiantes o la Asociación Libre de Abogados, cruzaron en fila la Carrera de San Jerónimo, vestidos de luto y portando una corona de flores con el lema: “Democracia, la ciudadanía no te olvida. 260.000 firmas contra la Ley Mordaza”. El grupo se ha unido con diputados de casi todos los partidos de la oposición en la escalinata del Palacio. Posteriormente han recorrido en manifestación el trayecto entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol.

“Si el Gobierno, a través del Consejo General del Poder Judicial, daba un golpe mortal a nuestro Estado de Derecho –escribe Fernando de Silva, abogado y autor del blog SInLaVeniA, en ElPlural.com–, al atacar directamente la independencia de los jueces, inhabilitando “de facto” al juez Ruz para que pueda finalizar la instrucción del caso Gürtel, con la aprobación definitiva de la “ley mordaza” en el Congreso de los Diputados, se consumó un ataque directo a derechos fundamentales”. Para este abogado y para la mayoría de españoles, esta una ley claramente inconstitucional. “El problema es que interponer un recurso contra la misma ante el Tribunal Constitucional puede resultar frustrante desde el momento que sus magistrados carecen de la independencia necesaria al haber sido nombrados por los partidos de la casta, a los que deben rendir pleitesía y obediencia; y podría ser incluso contraproducente, ya que corremos el riesgo de que una interpretación involutiva la respaldase, consagrando definitivamente la limitación de los derechos fundamentales que incluye nuestra Carta Magna. Hay muchas maneras de convertir un sistema democrático en un régimen totalitario. El método más eficaz y rápido es del golpe de Estado; pero cuando éste resulta inviable o poco estético, en cuatro años de gobierno con mayoría absoluta de un partido ultraconservador se puede conseguir el mismo objetivo. Y en la práctica los derechos democráticos están quedando en nada, o en muy poca cosa”. “El Gobierno del PP –continua Fernando de Silva– ha conseguido en tres años acabar con la independencia de los medios de comunicación públicos, controlar los privados, imponiendo cambios en la dirección de los que no les siguen sus consignas, colocar los cimientos para acabar con la enseñanza pública, potenciar la sanidad privada en perjuicio de la pública, acabar con la independencia judicial, expulsando a los que no les son afines, imponer las decisiones del Tribunal Constitucional a través de sus fieles magistrados, potenciar la desigualdad social marginando a las personas más débiles, derogar por la vía del estrangulamiento presupuestario la Ley de Dependencia, favorecer los intereses de los bancos y las grandes empresas; y así podríamos seguir indefinidamente. Y, como les parecía poco, limitan ahora los derechos de reunión y manifestación con una ley claramente coactiva y retrógrada. Por cierto –acaba diciendo– cuando cambien las cosas, y cambiarán dentro de un año, una de las primeras misiones será derogar la denominada “ley mordaza”, para recuperar nuestras libertades. Se puede hacer en muy pocos días, y sin pérdida de tiempo, si existe verdadera voluntad política. Entre todos Podemos”

Fotomontajes de la hija del rey, Goya del 2014, tras su declaración ante el juez Castro, y de la “ley mordaza”.

El humor de Erlich:

Del humor semanal recogemos varias viñetas de Vergara, El Roto, Forges, Peridis, J. R. Mora, Pat, Malagón, A. López y de otros.

Pep Roig tituló esta semana: Víctimas de su propia delincuencia, La opaca transparencia del PP, La independencia judicial pendiente, Sin techo, sin comida, Mal imitador e Impasible el ademán.

Entre los vídeos de esta semana recordamos el gran show de la democracia española:

La “ley de Seguridad Ciudadana” se debatía el pasado jueves en el Hemiciclo con polémica. Los diputados de la Izquierda Plural mostraban su rechazo a la denominada “ley mordaza”, tapándose las bocas. El presidente del Congreso les llamó al orden en dos ocasiones. Después, un grupo de miembros del coro de la “Solfónica” del 15M fue expulsados de la tribuna de invitados por cantar la canción del pueblo, un tema de 'Los Miserables' que habla sobre la libertad ciudadana.

Esta ley supondrá un duro golpe para los derechos y libertades públicas y permitirá al Gobierno del PP acabar con las reivindicaciones de una ciudadanía que alza la voz contra el desmantelamiento del Estado del Bienestar.